En 1948, un grupo de menonitas emigró a Uruguay huyendo de la persecución sufrida en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Trece años después, varias familias menonitas de Estados Unidos se unieron a ellos con el propósito de hacer trabajo misionero en el país.

Para estas familias es fundamental educar a sus hijos en la fe menonita. Por ello, han contratado tutores para asegurar que sus hijos aprendan en inglés y en español. Los niños estudian a través de una escuela religiosa «sombrilla», llamada Home Life Academy y  fundada en 2003 por David Parkerson.

El año pasado, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) de Uruguay presentó una demanda contra las familias menonitas por no inscribir a sus hijos en una escuela pública. Las familias recurrieron a Daniel Torres, abogado de sus empresas, para que las representara en los tribunales. Antes de aceptar defenderlos, Daniel buscó el consejo de Eloisa Troya, reconocida por su experiencia en la defensa de la educación en el hogar en Uruguay. Su apoyo fue clave para que él decidiera representar a estas familias legalmente.

Si bien la educación en el hogar aún no es explícitamente legal en Uruguay, Torres argumentó que el método de los padres de educar a sus hijos era compatible con la ley. La Constitución uruguaya reconoce la libertad de enseñanza y permite que los padres elijan los maestros o instituciones que consideren adecuadas. Además, esta libertad está respaldada por varios tratados internacionales.

Torres también se amparó en la Ley de Urgente Consideración para convencer al tribunal de que las familias estaban ofreciéndoles a sus niños una educación adecuada. Esta ley establece que los padres deben garantizar la educación de sus hijos, pero no los obliga a inscribirlos en una escuela pública.

Esa es la parte legal.

Daniel también presentó un análisis exhaustivo que no sólo abordó el aspecto educativo, sino que también incluyó varios informes sobre la salud, el desarrollo social y las relaciones de los niños. Dichos informes concluyeron que no existía una vulneración del derecho a la educación. Daniel también aconsejó a las familias que llevaran a sus hijos ante el tribunal para que el juez viera lo educados, elocuentes y felices que eran.

Afortunadamente, el juez resolvió que el caso debía cerrarse desde el punto de vista jurídico y probatorio, por no haberse comprobado la vulneración de ningún derecho. Al final, se reconoció el derecho de las familias a educar a sus hijos en el hogar, sin tener que inscribirlos en una escuela financiada por el Estado.

Sin embargo, la ANEP ha presentado una apelación para obligar a las familias menonitas a reinscribir a sus hijos en la escuela pública. El abogado Torres respondió a la apelación y está esperando la decisión del segundo tribunal, que debería conocerse pronto. El fallo inicial ya estableció un precedente innovador y si la apelación se resuelve a favor de las familias, podría abrirse la puerta a una mayor libertad para la educación en el hogar en Uruguay.

Las familias están tranquilas y confían en un buen resultado.

Torres señaló que se trata de un tema con una fuerte carga política. El gobierno anterior mostraba mayor aceptación a la educación en casa, pero la administración actual es mucho más restrictiva. HSLDA se solidariza y apoya a las familias que educan en el hogar en Uruguay y espera que el tribunal defienda su derecho a elegir cómo educar a sus hijos.

«Obligar a los niños a asistir a la escuela pública y garantizar una educación de calidad son cosas distintas», afirmó Kevin Boden, abogado y director de HSLDA Internacional. «Me alegra que este tribunal haya reconocido esa diferencia y haya dictaminado con claridad que es posible recibir una educación valiosa fuera del sistema público. Este caso representa una victoria para los padres en Uruguay, en América Latina y en la comunidad global de educación en el hogar».