A finales del año pasado, una investigadora de CPS llegó a la casa de Angie en New Jersey para investigar un reporte presentado contra su familia (sus nombres han sido cambiados para proteger su privacidad). Angie rápidamente demostró que el reporte no tenía fundamento y que no había ninguna razón para preocuparse por la seguridad o el bienestar de sus hijos. Sin embargo, la situación cambió cuando la trabajadora encargada del caso se enteró de que la familia educaba en casa.
Lo que sucedió después tomó a Angie por sorpresa. La investigadora le exigió que comprobara que sus hijos estaban recibiendo una educación conforme a la ley. Para hacerlo, debía inscribir a su hija en la escuela pública y presentarse ante el consejo escolar local para obtener autorización para educar en casa, un requisito que la ley de New Jersey no establece.
Cuando Angie decidió no asistir a la reunión con el consejo escolar, la investigadora le dijo que informaría a los supervisores de CPS, y que a partir de ese momento, tendría que enfrentar la situación «por su cuenta».
La investigadora escribió lo siguiente:
«Me comunico con usted para informarle que presentaré su caso ante nuestro fiscal del distrito para determinar qué pasos debemos tomar».
Para Angie, esto sonó como una amenaza.
«Fue terrible», recordó. «Estaba muy asustada».
Sin saber cómo proceder y preocupada por las posibles consecuencias si el caso no se resolvía, Angie se comunicó con HSLDA en busca de ayuda.
Sin fundamento legal
Después de revisar la situación de Angie, nuestro equipo legal le explicó que la exigencia de la investigadora de CPS de obtener la aprobación del consejo escolar era completamente inapropiada y no tenía fundamento legal. La ley de New Jersey no establece ese requisito.
«Las leyes de educación en casa en New Jersey son claras y sencillas», explicó Scott Woodruff, abogado sénior de HSLDA. «Los padres deben proporcionar una instrucción equivalente a la que sus hijos recibirían en la escuela».
Woodruff explicó que una de las razones por las que la ley de New Jersey es tan sencilla es que no exige trámites innecesarios. Las familias no tienen que presentar una notificación ni entregar evaluaciones. En consonancia con este enfoque, las escuelas públicas tampoco tienen autoridad legal para aprobar o rechazar el programa de educación en casa de una familia.
«En otras palabras», explicó Woodruff, «la investigadora del caso de Angie exigía algo que no estaba obligada a solicitar, y por consiguiente, algo que el consejo escolar no tenía autoridad para aprobar».
HSLDA envió una carta de apoyo al programa de educación en casa de Angie. Con esta carta y otra información importante que le proporcionamos, Angie pudo trabajar con la investigadora de CPS para resolver el caso. La investigación concluyó y no hubo más visitas de CPS.
Mirando hacia el futuro
Ahora Angie puede concentrarse nuevamente en lo más importante: ayudar a sus hijos a crecer y aprender. Durante el verano, prepara un plan de lectura para su hija.
Angie busca libros que no solo sean entretenidos o educativos, sino que también aporten al crecimiento personal de su hija.
«Intento darle libros que alimenten su alma», explicó.
Woodruff se alegra de haber podido ayudar a Angie a volver a enfocarse en el bienestar de sus hijos.
«Informar a los funcionarios sobre lo que realmente establece la ley de educación en casa sigue siendo una labor que hacemos con mucha frecuencia», señaló. «Y mientras las familias enfrenten desafíos a su libertad de educar en casa, estaremos aquí para intervenir y marcar la diferencia».