Camila* es de El Salvador, pero ha vivido en Virginia por más de 15 años. En septiembre, al retirar legalmente a su hija de 8 años de la escuela pública, la división escolar de Alexandria la acusó de no cumplir con la ley y la amenazó con cargos de absentismo escolar. Camila cree que los empleados de la escuela la trataron así por su identidad hispana.

Dificultad para leer, ansiedad y pánico

En el otoño de 2021, Camila notó por primera vez que su hija, Ana, tenía dificultades para vocalizar y pronunciar ciertas letras. Le comentó a la maestra de Ana que sospechaba que su hija tenía dislexia y le preguntó si la escuela le podía ayudar con recursos para que Ana tomara una evaluación de dislexia.

«Esas son palabras fuertes», respondió la profesora.

«Lo dijo como si yo estuviera insinuando que mi hija tenía una discapacidad y que, de cierta forma, aquello era insensible de mi parte», detalló Camila. «Sé que todos los niños pueden tener diferentes formas de aprender y me preocupaba que ese fuera el caso de Ana».

La escuela nunca le dio a Camila recurso alguno para que Ana tomara una prueba de dislexia. Consideraban que la prueba no era necesaria y le comentaron a Camila que su hija tendría tiempo extra de lectura para mejorar. A lo largo de ese año, Camila tuvo que asistir a tres reuniones escolares, en las que le dijeron que Ana estaba mejorando.

Camila no vio mejora alguna.

Ana seguía sin poder pronunciar la letra d y hasta se inventaba palabras cuando intentaba pronunciarla. No obstante, Camila decidió volver a inscribir a Ana en la escuela pública a partir de septiembre de 2022.

No había pasado ni un mes cuando Camila recibió una llamada telefónica por parte de la escuela, en la que le dijeron que Ana estaba sufriendo de graves dolores estomacales y frecuentes idas al baño. Al recoger a Ana de la escuela, Camila notó que su hija estaba extremadamente frustrada y ansiosa.

«No paraba de llorar y de decirme que no quería regresar a la primaria», dijo Camila. «Ana sentía pánico porque no estaba aprendiendo a leer igual de bien y rápido como los otros niños y, además, estaba siendo intimidada por una niña de su clase». 

La educación en casa como alternativa

Camila decidió retirar a Ana de la escuela pública y empezó a llevarla a un grupo de apoyo de educación en casa. Después de pocos días, Ana se sintió menos nerviosa. Sus dolores de estómago desaparecieron y ya no iba al baño con tanta frecuencia como antes. También se mostraba menos tímida y más segura de sí misma.   

Camila se hizo miembro de La Asociación de Defensa Legal para la Educación en el Hogar (HSLDA) la misma semana que retiró a Ana de la escuela y presentó la documentación necesaria para iniciar la educación en casa. Utilizó los formularios de HSLDA para presentar una carta de retiro y un aviso de intención a la división escolar y a su ciudad, Alexandria. También adjuntó un programa detallado de enseñanza en casa para Ana. Todo parecía muy sencillo.

Hasta que no lo fue.

Amenazas e intimidaciones judiciales

Un par de días después de presentar la documentación, una trabajadora social de la escuela llamó a Camila y le dijo que consideraban a Ana una estudiante ausente sin autorización porque había dejado de asistir a la escuela. Camila le indicó que había presentado la documentación requerida de forma legal. Sin embargo, la trabajadora social le contestó que la empleada encargada de revisar la documentación relativa a la educación en casa todavía no le había informado sobre su caso.

«Resulta que la empleada que revisa dicho papeleo estaba trabajando desde casa y no habían podido contactarla. Pero ese no era mi problema», dijo Camila. A pesar de esto, la trabajadora social le comentó a Camila que podía ser llevada a corte y le aconsejó que asistiera a una reunión con el comité de asistencia de la escuela.

Al día siguiente, Camila recibió una llamada de otra trabajadora social de la escuela.

«Me contactaba porque necesitaba saber que Ana estaba bien y me preguntó si iba a ir a la reunión con el comité de asistencia de la escuela. Le dije que no iba a ir porque había cumplido con la ley y no había necesidad de que fuera», dijo Camila.

Después de esto, Camila se preocupó y llamó a la empleada encargada de revisar su documentación y le preguntó por qué no les había informado a las trabajadoras sociales de su intención de educar a Ana en casa. Al fin y al cabo, las trabajadoras habían contactado a Camila como si ella nunca hubiera presentado su carta de retiro y aviso de intención.

La empleada le dijo a Camila que la documentación que había presentado era insuficiente porque no había utilizado los formularios de la ciudad de Alexandria y tampoco había presentado su diploma de secundaria.

Camila respondió que no presentaría su diploma de secundaria porque ya había enviado un plan de estudios detallado, el cual—conforme a la ley de Virginia— es una de las cuatro formas a través de las cuales los padres pueden establecer un programa de educación en casa. Esto no convenció a la representante de la escuela, quien siguió insistiendo en que Camila tenía que presentar un diploma de secundaria, incluso después de que ella volvió a presentar su documentación utilizando los formularios de la ciudad de Alexandria.

Camila empezó a sentirse intimidada porque sentía que este hostigamiento tenía que ver con sus raíces hispanas: 

Al inicio de la llamada, le pregunté si podíamos hablar en español porque prefiero comunicarme en español. Sé cómo hablar en inglés, pero me siento más cómoda hablando en español. En un punto de la llamada, la empleada de la escuela me dijo: “Me imagino que tienes un diploma de secundaria, ¿correcto?” Supe inmediatamente que estaba dudando de mi capacidad para instruir solo porque me sentía más cómoda hablando en español. Supuso que no estaba calificada porque prefería hablar en mi lenguaje nativo. Me sentí intimidada por ser Latina. 

De nuevo, un diploma de secundaria no es requisito

La mañana del siguiente día, Camila llamó a HSLDA. El abogado Scott Woodruff tomó su caso, con ayuda de una de nuestras intérpretes. Posteriormente, envió una carta a la representante de la escuela diciendo que Camila había presentado la documentación de la educación en casa de manera legal.

«La ley no requiere que una familia utilice formulario alguno al retirar a su hijo o al presentar un aviso de intención y establece que un diploma de secundaria no es obligatorio, sino que es solo una de las cuatro opciones que tiene un padre para demostrar que califica como educador en casa», escribió.

Después de que Scott mandó la carta, la empleada de la escuela llamó a Camila comentándole que los abogados de HSLDA estaban equivocados y que le estaban quitando su dinero. Camila no ha recibido más llamadas ni amenazas de la escuela desde entonces.

Ana no ha mostrado más síntomas de ansiedad. Su lectura ha mejorado al estudiar a su propio ritmo y ya no está preocupada por encontrarse con la niña de su salón que la acosaba.  

«Es más espontánea, menos tímida. Le gusta hablar de lo que está aprendiendo y se siente más segura de sí misma», Camila dijo felizmente. «Ahora hace la tarea por su propia cuenta porque le entiende. Ya no es necesario que yo la supervise todo el tiempo».

Camila agregó que se encuentra muy agradecida con HSLDA por haberle respondido tan rápidamente y por asesorarla legalmente en español.

Si conoce de alguna familia que educa en casa que pudiese necesitar asesoría legal o educativa en español, por favor invítela a ser parte de HSLDA y a contactarnos. ¡Nos encantaría apoyarla!

*Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de la familia.